La diferencias políticas, no sólo entre oficialistas y opositores, sino entre los propios integrantes del bloque peronista, terminaron dando forma a una norma más dura de lo previsto. La Legislatura sancionó ayer, por mayoría, la ley de seguridad pública que apuntará a frenar los motoarrebatos. Sin embargo, la norma ha sido aprobada con varios cambios que beneficiaron a los propietarios de las estaciones de servicio, pero que extendieron las restricciones al uso de la motocicleta en la provincia.
Tras unas cuatro horas de debate, la Cámara legislativa habilitó la reforma del proyecto, al determinar que la prohibición de circular en un rodado no apuntara a dos “masculinos mayores”, sino a “dos personas”, es decir, sin distinciones entre los usuarios, durante las 24 horas. Fuerza Republicana había pedido este punto.
Hubo planteos y replanteos durante todo ese tiempo. Así se terminó definiendo además la eliminación de uno de los 22 artículos de la normativa, el más reprochado en los ámbitos político y privado, es decir, por los empresarios del sector de combustibles. En el recinto se dio vía libre a la exclusión del apartado ocho, que prohibía la venta de naftas en las playas en caso de que el motociclista no usara casco o no estuviese la patente colocada y visible en la unidad. Además, se impedía la comercialización en bidones. “No es cierto que se les da atribuciones de control a los playeros, sino que no vendan cuando el cliente no tenga el casco puesto”, remarcó Gerónimo Vargas Aignasse, en el inicio del tratamiento. “Para cobrar pueden pedir la tarjeta de débito y el documento. Así también te prohíben usar el teléfono celular cerca del surtidor. Pero para no vender, no pueden pedir nada”, reprochó.
La votación cerró 32 a 6 a favor de la aprobación de la iniciativa, luego de la presentación y una defensa extensa del manzurista Vargas Aignasse. Los opositores “blanqueados” rechazaron, en general, el “nuevo diseño de política criminal”, como lo había definido el legislador. Según ellos, la ley fijaba “limitaciones para circular en motos de particulares, trasladando un manto de sospecha sobre las personas por el solo hecho de utilizar este medio de transporte”. “Ahora, deberán tramitar permisos para poder circular y llevar su vida normalmente”, coincidieron, entre otros motivos, José María Canelada, Walter Berarducci, Raúl Pellegrini, Federico Masso, Raúl Albarracín y José Ascárate.
Tirantez
La tensión se metió de lleno en el recinto, al comenzar la votación “en particular”: el debate artículo por artículo. Ello daría el marco para reforzar los planteos y las estrategias, según explicaron fuentes de la Cámara, para hacer regresar el proyecto a la Comisión de Seguridad, presidida por Vargas Aignasse.
Javier Morof, de Nueva Organización Social (NOS) y miembro de esa misma comisión, había firmado el dictamen- fue el primero en marcar reformas en la ley para continuar con el tratamiento. Así empezaba un cruce directo con el manzurista, uno de los impulsores de la norma, junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público (MPF).
“Un grupo grande de legisladores vamos a apoyar en general; pero en particular, hacer modificaciones a algunos artículos. Veremos qué nos responde el autor del proyecto, aunque algo hemos hablado antes”, anticipaba Morof, alineado con el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. El dirigente de NOS hizo hincapié ahí en que “no” estaba de acuerdo, al igual que el grupo de peronistas -entre ellos, Armando Cortalezzi- que “participen” las estaciones de servicio.
En el debate se concretó la eliminación del artículo ocho, debido a que no se habían obtenido los votos necesarios para aprobar ese apartado. En consecuencia, se debió reformular inclusive parte del artículo 20, que establecía sanciones a las firmas en caso de incumplir con la normativa. La cámara privada, Capega, había expresado su rechazo días antes, al afirmar que la “obligación” de controlar y no vender significaba un riesgo para el personal. En cambio, las guarderías sí estarán expuestas a multas si no cumplen con la ley, que estipula la colaboración de las fuerzas federales.
“No estoy de acuerdo con esta modificación. Hay dos cuestiones medulares en el proyecto. Una es la prohibición de circular en moto. Y la otra, la imposibilidad de que se le venda combustibles a infractores, que muchas veces son delincuentes”, se quejó Vargas Aignasse. Y apuntó a Morof: “Usted firmó el dictamen por mayoría. Por eso me llama la atención que haya cambiado en cinco días absolutamente de pensamiento. No sé qué habrá pasado en el medio…”.
“Le ofrezco mi celular. No he recibido ni conozco a ningún directivo de las estaciones de servicio. He sido concejal de la capital y sé que se han generado problemas por prohibir que se vendan naftas a quien no llevara casco o patente”, dijo Morof.
Principales modificaciones
- El proyecto prohibía la circulación de dos “masculinos mayores” en una moto, durante las 24 horas. Ahora, se amplía la restricción por el mismo tiempo al reemplazar por la palabra “personas” (sin distinción).
- Fue eliminado el artículo ocho, que impedía la venta de combustibles en las estaciones de servicio cuando el cliente no lleve casco o la moto no tenga patente. No pasó lo mismo con las guarderías.
Controles y papeles
- La Policía y las fuerzas federales realizarán controles en las calles. En un principio, en la capital. Podrán secuestrar el rodado en caso de que el conductor no porte licencia de tránsito, documentación de la moto, patente, o circule a contramano y en espacios públicos. También, si se determina pedido de captura o de secuestro de la unidad, entre otros delitos.
Julio Silman - Hacemos Tuc.
“No coincido en que las 450.000 motos que circulan en la provincia tengan que pasar controles después de atravesar dos semanas sin transporte público. Vemos a la gente circulando de a cinco en una moto porque no tienen otra posibilidad. La gente humilde de Tucumán no tiene otro medio de movilidad más que la moto”.
José Ascárate
”No es razonable, y no voy a ceder en que me digan que conducir una moto puede ser sinónimo de pensar que se va a cometer un delito. Que si yo llevo a alguien conmigo probablemente es porque estoy por delinquir. No creo que el problema de los motoarrebatos tenga una solución en una ley de esta Legislatura, ni en la de otra provincia”.
Nadima Pecci - FR
“Acompañamos y celebramos la postura del oficialismo. Como ciudadana y como madre me da tranquilidad saber que al menos todo lo que vinimos diciendo se escuchó. Nosotros habíamos presentado un proyecto muy similar a este sobre el control de motovehículos y la cooperación policial, pero entonces nos llamaron ‘los fascistas’”.
Walter Berarducci - PJS
“Estaríamos negando una libertad individual ambulatoria y de presunción de inocencia. Perjudicando a los vecinos que a diario trabajan para comprar el pan y con lo que les sobra pueden comprar una moto. Con esta ley le diríamos al que se ha sacrificado para comprar una moto que no la va a poder usar porque ‘es un delincuente’”.
Zacarías Khoder
“Creo que muchos no leyeron el proyecto o no lo entendieron bien. Muchos hablan sobre cómo la estación de servicio va a ser la autoridad de control y la que tenga que aplicar la ley. Está claro (en el escrito) que la autoridad de aplicación va a ser la Autoridad General de Transporte y que la autoridad de control es la Policía”.
Raúl Albarracín - bloque PJS
“Si bien coincidimos en la necesidad de combatir el motoarrebato, no aprobamos el proyecto porque pone en juego libertades individuales y podría ir en contra de principios constitucionales. Se está generando una sospecha predelictual en función de que circulen dos varones adultos en una motocicleta”.